En las últimas semanas, hemos sido testigos de un escenario que se repite en Gulumapu: la oposición mayoritaria de las comunidades mapuches al proceso de consulta sobre un nuevo sistema de tierras. A pesar de las manifestaciones y el rechazo explícito de los dirigentes en varias comunas, la postura oficial, defendida por el Encargado de la Unidad de Seguimiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Fabián Salas, es clara: la consulta continuará. La justificación se apoya en una visión que, si bien esgrime argumentos legales y constitucionales, omite una perspectiva fundamental sobre el derecho y la autonomía de los pueblos indígenas.

La posición del gobierno, como lo ha señalado Salas, se basa en la premisa de que la consulta es un deber ineludible del Estado. Se argumenta que no realizarla sería un incumplimiento del Convenio 169 de la OIT y una “traición” a las comunidades que sí desean participar. Se insiste en que el diálogo es la única vía para construir un futuro compartido, y que la consulta es la herramienta para hacerlo. En su esencia, el gobierno se presenta como un “facilitador” que, por imperativo legal, debe ofrecer una instancia de participación, sin importar las multitudinarias objeciones.

Esta insistencia del gobierno es contraria a la interpretación de expertos internacionales en derechos de los pueblos indígenas. Para el ex relator de Naciones Unidas, James Anaya, cuando un pueblo indígena se niega a ser consultado está manifestando su desconfianza al proceso, o una oposición ya consolidada a la medida. Frente a ello, el experto enfatiza que el Estado no debe insistir en la consulta cuando la oposición es clara. La razón es simple: el derecho a ser consultado no implica la obligación de ser consultado. Al rehusarse, las comunidades no están renunciando a su derecho a la consulta, lo que ejercen es su derecho a no otorgar su consentimiento, un principio fundamental de la autonomía indígena.

La insistencia del gobierno de dar continuidad a la consulta, a pesar de la evidencia del rechazo, es forzar un diálogo que no existe, o lo que sería peor, continuarlo con los “amigos” del gobierno. Al ignorar la oposición, el Estado corre el riesgo de agudizar el conflicto. La verdadera responsabilidad del Estado no reside en insistir en un proceso formal, sino en escuchar y respetar la voluntad que se ha expresado de manera mayoritaria. El diálogo solo es posible cuando ambas partes están dispuestas, y la oposición mapuche demuestra que, en este momento, no están dadas las condiciones.

El gobierno debe replantear su estrategia. No se trata de abandonar el deber de consultar, sino de reconocer que la forma en que pretende darle continuidad (“visitar” a los dirigentes en sus territorios), podría generar más división que consenso. La opinión de Anaya es clara: un Estado maduro y respetuoso entiende que la no-participación es también una forma de rechazo. La verdadera consulta comienza por asumir y respetar el no, antes que buscar forzosamente una respuesta afirmativa.

Pedro Mariman, Gulumapu, Sept. 2025