El 27 de enero de 2026, el Presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, documento elaborado por el Ministerio de Minería con participación de 16 actores del Estado, la industria y la academia. Si bien el Gobierno destacó su carácter transversal y basado en evidencia, organizaciones socioambientales y representantes regionales señalaron ausencias fundamentales en su diseño.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), cuestionó que el proceso no incluyera consulta ciudadana ni consulta indígena a pueblos de territorios donde se implementarán los proyectos. «Los actores involucrados han sido fundamentalmente del mundo minero, académico, empresarial y del Estado», afirmó. Esta omisión resulta relevante considerando que la estrategia impactará zonas como la provincia de Loa, Calama y Tocopilla, habitadas por comunidades originarias y locales históricamente afectadas por la actividad extractiva.
Desde una perspectiva productiva, Cuenca advirtió que el documento prioriza el aumento de la extracción sobre la agregación de valor. «No pone el énfasis en agregar valor, inteligencia o tecnología, sino en ampliar la producción de cobre y litio», señaló. El activista contrastó el concepto de «minerales críticos» —utilizado por economías industrializadas para asegurar su provisión— con la noción de «minerales estratégicos», que desde instituciones como el BID y Cochilco se ha vinculado a diversificación productiva con mayor valor agregado.
El senador Esteban Velásquez (FRVS) coincidió en que las tensiones territoriales no encuentran respuestas concretas. «Estas estrategias no están alojadas en Vitacura ni en Las Condes, están en la provincia de Loa», recordó, y enumeró desafíos no resueltos: planes de descontaminación atmosférica en Calama —rodeada de cinco faenas mineras—, impactos de desaladoras en ecosistemas marinos de Tocopilla, y déficit de infraestructura vial en Antofagasta.
En contraste, el economista Pablo Barberis valoró la oportunidad que representa la estrategia para consolidar a Chile en cadenas globales de suministro, destacando que la minería aporta entre el 15% y 20% del PIB. Subrayó la necesidad de señales estables a la inversión privada, considerando que los proyectos requieren cientos de miles de millones de dólares que el Estado no puede financiar directamente.
La estrategia enfrenta así un desafío estructural: articular una hoja de ruta técnica con mecanismos efectivos de participación territorial y una transición hacia modelos productivos que trasciendan la mera extracción. Su implementación deberá definir si Chile aprovecha su potencial geológico para profundizar el extractivismo o para construir capacidades industriales con mayor valor agregado y legitimidad social en los territorios afectados.
