La problemática de la restitución de tierras a las comunidades mapuche ha sido un tema de larga data y de gran importancia para alcanzar la paz en Wallmapu y el entendimiento genuino entre el estado y el pueblo mapuche. La creación de la “Comisión por la Paz y el Entendimiento” demuestra la voluntad del presidente por abordar esta cuestión, pero es crucial reconocer que el conflicto no se limita únicamente a la restitución de tierras. Es, como lo ha dicho reiteradamente el senador y ahora comisionado Francisco Huenchumilla, esencialmente un conflicto político, agregando por nuestra parte que su naturaleza política deriva, desde el siglo XIX, en la disputa por la soberanía sobre el territorio de Wallmapu.
En lo que respecta a la restitución de tierras, se requiere de decisiones gubernamentales firmes y explicitas expresadas principalmente en el terreno presupuestario. El gobierno ha estimado que se necesitan 5 mil millones de dólares tan solo para atender la demanda de poco más de 700 comunidades con aplicabilidad y otras 800 en proceso de obtenerla, por lo que es posible estimar que cada restitución costaría en promedio 2 mil 300 millones de pesos. No se ha considerado en el cálculo a otras dos mil comunidades que hasta la fecha no han iniciado trámite de aplicabilidad alguno. Las decisiones presupuestarias deben orientarse también a fortalecer la institucionalidad encargada de responder a esta demanda de manera ágil y oportuna, principalmente en un aspecto tan evidente como el aumento de la dotación de funcionarios, petición que fue desoída por la Dipres en la definición del actual ejercicio presupuestario.
En materia de oferta regional de tierras, ya sabemos el efecto que estos anuncios provocan en el mercado y los beneficios de que de ello esperan obtener los especuladores. Sin embargo, existen a lo menos 35 mil hectáreas que las forestales han ofrecido al gobierno a precios bastante ventajosos, oferta que podría alcanzar las 50 mil hectáreas de llegarse a acuerdo sobre todo con aquellas empresas que, debido al conflicto, desean abandonar rápidamente el territorio. Ello amerita realizar arreglos institucionales que salven las limitaciones presupuestarias que el propio gobierno impone a la Conadi para comprar tierras involucrando, por ejemplo, al Ministerio de Bienes Nacionales que puede adquirir a nombre del fisco y traspasar luego a la entidad pertinente para su entrega a las comunidades. Estas son medidas que no tienen por qué esperar a que finalice el trabajo de la comisión, ni dejarse a la incertidumbre de una próxima administración.
Sin embargo, ninguna medida puede ser efectiva para los propósitos de la paz y el entendimiento si no se aborda la naturaleza política del conflicto, que es política y que tiene que ver con el ejercicio de la soberanía en Wallmapu. La soberanía se refiere a quien toma las decisiones en el territorio y cuan inclusiva o excluyente es para la población originaria la arquitectura del poder. Tiempo atrás un estudio del PNUD concluyó que la experiencia política comparada en la construcción de “democracias multiculturales” en países donde conviven dos o más pueblos, concluían en formulas “mancomunitarias” o “territoriales”. En la primera los pueblos participaban en órganos de poder comunes, en la segunda el poder se distribuía territorialmente en formulas autonómicas o federales. La una no es excluyente de la otra, puede existir una región autónoma con órganos que se componen por las dos poblaciones.
En este aspecto, el mandato de la “Comisión por la Paz y el Entendimiento” es un retroceso en el terreno político respecto de la “Comisión Presidencial para la Descentralización”, creada durante la segunda administración de la presidenta Bachelet. Dicha comisión propuso una fórmula de autonomía territorial para Wallmapu apelando al artículo 126 bis de la constitución política, actualmente vigente, que reconoce como “territorio especial" a Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández. Una declaratoria de esta naturaleza, es decir de la particularidad de un territorio o región respecto del país, como es en este caso Wallmapu (que, dicho sea de paso, tiene la singularidad de ser la única región del país que lleva un año bajo un régimen de excepción) permitiría avanzar en arreglos jurídicos, políticos e institucionales que en el devenir político faciliten el ejercicio de la autonomía de Wallmapu a través de una fórmula que integre a toda su población.
Es preocupante que la iniciativa presidencial no aborde estos aspectos fundamentales y parezca buscar soluciones que, siendo importantes, resultan limitadas. Si se quiere lograr una paz duradera y un genuino entendimiento, es esencial abordar la cuestión política y reconocer el derecho a la libre determinación del pueblo mapuche. Sin una solución integral que incluya la participación mapuche en las decisiones que afectan a Wallmapu, su territorio histórico, la mera restitución de tierras será insuficiente y las posibilidades de alcanzar la paz serán discutibles.
Pedro Mariman Quemenado
Fotografía: https://prensa.presidencia.cl/
