Se cumple la mitad del
período presidencial de Gabriel Boric, hito que hace necesario evaluar lo
realizado en materia de pueblos indígenas y en particular respecto del
conflicto en Wallmapu. El programa de gobierno incorporó trece medidas
dirigidas específicamente a los pueblos indígenas y otras siete que los
incluían en compromisos de orden general. Se adoptó el enfoque de derechos en
referencia a la voluntad de cumplir los tratados internacionales, y en especial
el Convenio 169, todo lo cual se orientaría en dirección al respeto de la autodeterminación
y la autonomía de los pueblos indígenas. La situación del conflicto en Wallmapu
se abordó en los anuncios presidenciales de mayo de 2022, sobre el Plan Buen
Vivir, y de noviembre del mismo año, sobre la creación de la Comisión por la
Paz y el Entendimiento.
El Plan Buen Vivir devino
como una agenda de inversiones sociales vinculadas al dialogo a través de «parlamentos»
con las comunidades mapuche de las regiones de la Araucanía y el Biobío,
extendiéndose después a Los Ríos y Los Lagos. A su vez, se comprometía el
aumento del presupuesto destinado a la compra de tierras y la reactivación del
proyecto de creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas. Otro componente comprometía
medidas de seguridad que incluían la nominación de un fiscal preferente para
enfrentar la criminalidad asociada al narcotráfico y el robo de madera, y la
declaración de estado de emergencia para el «resguardo de las rutas». En tanto,
la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento, nació con el encargo de
delimitar la demanda de tierras mapuche —viejo anhelo de la derecha— y elaborar
una propuesta de restitución, incluyendo las tierras antiguas, lo que debería
poner fin al problema.
Valga decir que, a casi
dos años de su implementación, el Plan Buen Vivir no ha cumplido ninguna de las
expectativas respecto de los anunciados «parlamentos territoriales» que iban a
convertirse en el eje para definir las inversiones sociales y para generar
acuerdos que respondiesen «a las demandas territoriales, políticas y del buen
vivir». En cambio, se ha disgregado en una suma de diálogos locales al modo de
un «corretaje» de demandas hacia los servicios públicos, destacando los
proyectos de conectividad y agua potable rural, a costa de las definiciones
sobre los territorios y las demandas políticas. Efectos, pero no causas.
En cuanto al presupuesto
del Plan Buen Vivir, sucede lo que con la canción de los 10 perritos. De los 403
mil millones anunciados al comienzo del programa, a diciembre de 2023, el
presupuesto estaba reducido a 270 mil millones, incluyendo 100 mil que fueron
transferidos a la Subdere para proyectos con los municipios. Otros 35 mil
millones han sido transferidos al Minvu Araucanía para el financiamiento de un
megaproyecto de mejoramiento de la Avenida Caupolicán de Temuko que, salvo la
alusión al toki, no guarda ninguna relación con las demandas mapuche o la
atención del conflicto. Por otra parte, han sido restituidos al tesoro público al
no ser «decretados» [eufemismo para decir que no hubo ejecución] 10 mil
millones cedidos a la Dirección de Arquitectura del MOP y 35 mil millones de la
Dirección de Servicios Sanitarios Rurales y de la Dirección de Planificación del
mismo ministerio (1).
En cuanto a la Comisión
Presidencial por la Paz y el Entendimiento, se ha destacado como un gran logro el
nivel de apoyo que tuvo por parte de todos los partidos políticos, pero en su
conformación y, de manera inexplicable, el Presidente determinó dejar a la
derecha política con mayoría de comisionados. Se trata de la misma derecha que
intentó demarcar la demanda mapuche de tierras por medio de una fracasada licitación
de 5 mil millones de pesos durante la pasada administración de la Conadi y que,
por medio del senador Felipe Kast, ha continuado su batalla reduccionista en
las comisiones mixtas de presupuesto, incluyendo glosas en los presupuestos de
la Conadi de los años 2023 y 2024, que frenan las compras de tierras más allá
de las perdidas sufridas por los Títulos de Merced.
Con todo, la Comisión se
enfrenta a la utópica tarea de determinar el volumen de tierras tituladas y
antiguas en que debería basarse la demanda (excluyendo aquellas que han sido
urbanizadas) y proponer una formula para responder a los requerimientos de más
de 700 comunidades que a la fecha cuentan con su aplicabilidad y otras 800 que
están en la fila para obtenerla. Para responder tan solo a esta demanda, será
necesario invertir más de 5 mil millones de dólares y esperar, como en la
lotería, que los próximos gobiernos tengan la voluntad política para disponer
los recursos. Utópica, además, por el hecho de esperar que los mapuche acepten
un punto final unilateral en materia de tierras y territorios
Los dos años que restan no
deberían ser poco sobre todo para impulsar iniciativas demandadas hace más de
una década y que tienen relación con la identidad cultural mapuche profunda y
con el verdadero sentido de una sociedad pluricultural en un territorio que
guarda la memoria viva de su pasado autónomo. Por ejemplo, las iniciativas de revitalización
del mapuzugun, por medio de la probada efectividad de las metodologías de
inmersión lingüística, impulsadas por los propios mapuche o en asociación con
otros, cuentan con magros recursos o simplemente no son apoyadas. Tampoco tuvo
continuidad en la presente administración, el proceso de oficialización
regional del mapuzugun, trabajado durante cuatro años y anunciado finalmente
por la presidenta Bachelet en el día nacional de los pueblos indígenas de 2017.
Estas son iniciativas que dependen visiblemente de la voluntad política, y
dicha voluntad no tiene otra expresión que el presupuesto, es decir ser destino
de recursos que lamentablemente vemos perderse o enredarse por miles entre los
dedos de quienes son responsables de ejecutarlos.
En el orden cultural, la
falta de iniciativas políticas eficaces para la nominación de los dos
consejeros indígenas en el Consejo Nacional del Ministerio de las Culturas, y la
creación del Consejo Asesor de Pueblos Indígenas, en el mismo Ministerio, no
solo constituyen una violación flagrante a la ley, sino que además revelan una
falta de voluntad política intolerable que mantiene la exclusión de los pueblos
indígenas en la toma de decisiones sobre materias que les afectan y que guardan
relación con la conformación plural del país. No es raro entonces que, tras dos
años de gobierno, el «Wallmapu» de los discursos oficiales del comienzo se haya
transformado después en la «Macrozona Sur», desprendiéndose vergonzosamente de
su contenido político, histórico y cultural.
Los dos años que restan no
parecen auspiciosos. Camino al fin hay dos grandes procesos electorales que
renovarán autoridades regionales y municipales, y luego del parlamento y del
propio gobierno. Los dos años transcurridos no dan ninguna garantía de que el
gobierno y sus jóvenes personeros se resten de aprovechar su situación
ventajosa con fines electorales, subordinando programas y compromisos. La
actual administración no ha sido una excepción cuando se trata de poner
paréntesis a la probidad y en los próximos meses también las autoridades que
han llevado el tema indígena (véase el lapidario informe de la CGR sobre la
Conadi) tendrán que justificar ante los tribunales sus decisiones
presupuestarias. ¿Actuarán entonces las autoridades del actual gobierno con
transparencia y con apego a los propósitos y valores que se esperaba de ellos,
en época electoral? Es de esperar que sí.
Pedro Mariman Quemenado
(1) Estimaciones en base a «Glosas Presupuestarias del Plan Buen Vivir», disponible en: https://www.minsegpres.gob.cl/glosas-presupuestarias-plan-buen-vivir.
